Democracia orgánica y desaparecidos

Luis Sánchez

“La democracia orgánica parte del principio de que el poder radica en la comunidad, no en los individuos» – Rafael Preciado Hernández, escritor y profesor jurista.

El Congreso de Jalisco tiene delante de sí retos importantes que no esperarán a que la pandemia ceda. La tardía armonización que -desde hace más de 2 años- exige la Ley General de Víctimas demanda que todos los partidos establezcan contacto y diálogo con sus representados, incluso bajo las condiciones actuales de salubridad. También exige de la ciudadanía evaluar de manera tripartita la responsabilidad ante un problema tan complejo, hay una parte que juega el congreso, otra que juega el ejecutivo y otra que juega el poder judicial. Sin ese enroque de tres poderes, cualquier ley quedará sólo en el papel. Tener claro esto es fundamental para avanzar como sociedad hacia la justicia.

La escucha democrática es un ejercicio permanente. Todos los legisladores, en especial los que impulsan y plantean aprobar las 3 leyes relativas a la desaparición de personas, tienen una oportunidad de ampliar el ejercicio de escucha con las familias de desaparecidos, colectivos y con la sociedad en general, que se sienten lastimadas y desconfiadas de las autoridades, especialmente del aparato de procuración de justicia, después de los acontecimientos del 5 de junio de este año en las inmediaciones de la Fiscalía.

Si bien el presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Jorge Eduardo González Arana, ha realizado desde hace varios meses foros, mesas de discusión y análisis con representantes de organismos y colectivos de desaparecidos, especialistas, académicos, jueces y magistrados, y algunos diputados, es fundamental que esta ley -que puede ser discutida este mes- lleve el consenso de los familiares de las víctimas y de la sociedad civil, y que se vea el trabajo realizado durante estos meses.

A propósito de que la Comisión de Derechos Humanos la encabeza un partido humanista siempre valdrá la pena recordar al jurista Rafael Preciado quien establece que en la democracia orgánica «ningún individuo tiene el derecho de mandar a sus semejantes; sólo la comunidad, considerada como un todo orgánico, no como una suma de individuos, puede tener este poder, por ser el medio adecuado para realizar el fin específico de la comunidad, es decir, el bien común».

Una vez que las leyes se discutan y se aprueben, llegará la hora de que esa escucha democrática se convierta en un andar conjunto de autoridades y víctimas, con facilidad de acceso a expedientes de investigación y una comisión de búsqueda con un(a) encargado(a) que esté consciente de que sus palabras, acciones y trabajo serán escrutados por las familias y la sociedad, que tienen altas expectativas de sus resultados. Ejercer el presupuesto y las acciones necesarias para la búsqueda será vital para enderezar el rumbo que ha tomado Jalisco en esta materia.

Por último, en este ejercicio tripartita de los poderes, me permito sugerir de manera general que se tome el enfoque de “acción sin daño”, parte del Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia durante el conflicto armado en Colombia. Esta sugerencia llama a que tengamos sensibilidad a los conflictos mediante el reconocimiento de que, en la mayoría de contextos de acción existe una complejidad política, económica, social y cultural expresada en conflictos sociales que pueden ser más o menos evidentes.

Lo anterior, nos permite reflexionar frente al hecho de que las acciones que se emprenden no son neutrales, pues tienen el potencial de contribuir y/o reforzar las dinámicas de los conflictos. Entendamos que las familias y las víctimas sienten dolor e indignación producto de la circunstancia particular de México y que nuestro país y estado les debe justicia y cobijo, eso que muchas veces se les negó incluso antes de ser víctimas de desaparición. Todos queremos justicia y eso debe ser un sentimiento compartido con ellos, con todos.

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