Alejandro Puerto, foto: Cortesía

La historia contra Porfirio

Alejandro Puerto

Quería hablar de otra cosa esta semana. Tenía unos apuntes de lo que sería mi homenaje y festejo a los dos años de gobierno de López Obrador y a lo que imagino -siguiendo con una de sus principales obras de historia- como el poder más allá de trópico. Pero la realidad se impuso y dos eventos concatenados se presentaron en estas semanas, las más violentas en lo que va de la Cuarta Transformación y de eso quiero reflexionar. 

Nadie es indiferente a la fuerza gravitatoria de Porfirio Muñoz Ledo. Es un grande de la política, un eterno aspirante a estadista al que no se le puede regatear nada, salvo su contradictorio respaldo a Vicente Fox allá cuando principiaba el nuevo milenio. Aún así, entiendo su colaboracionismo como una autoafirmación; una postura y una extraordinaria actuación de lo que se supone tiene que hacer un hombre de estado. Al final de cuentas, un buen político es eso: un actor extraordinario. Queda para otra ocasión si un estadista debe colaborar con todos los gobiernos o no. 

Intentando comprender su rol actual, pienso en los acontecimientos violentos que enmarcan el ejercicio de la política por las vías institucionales, tanto en el Poder Legislativo como en las Fuerzas Armadas. Esto último, la política institucional, ha merecido la opinión de Porfirio. De los acontecimientos violentos me refiero a la detención del círculo familiar más cercano de “El Marro” y el intento de asesinato del Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Ambos están unidos por algo más que la violencia, el narcotráfico y las disputas entre el Estado y los grupos de la delincuencia organizada por el control territorial. Me refiero al uso de las Fuerzas Armadas regulares en su combate. La medida en sí es polémica desde el 2006 que Felipe Calderón la implementó, pero hoy tiene un sentido distinto: quienes entonces eran sus principales promotores, hoy la sentencian y quieren revertirla. Queda claro que no lo hacen porque como oposición tengan una propuesta o un plan bien estructurado para garantizar la seguridad y pacificar el país; lo hacen porque quieren llevar la disputa política contra AMLO al terreno institucional para desplazar la estructura de poder y decisión de la espera ejecutiva a la del litigio judicial y eso es preocupante. 

Intervenciones como la de Laura Rojas, la diputada panista que presentó una controversia constitucional que busca echar abajo el acuerdo que permite a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública, han recibido el visto bueno de Porfirio Muñoz Ledo. Un visto bueno que, desde mi punto de vista, es excesivamente formalista y legaloide y carece de sentido político. No es lo que haría un estadista; es más bien algo que haría Claudio X. González, el Rey del Amparo. 

Un estadista, como lo fue Salvador Allende, comprendería que el espacio institucional donde se presentan estas disputas judiciales con sustento constitucional, y que se conforma por una burocracia, procedimientos, reglas, leyes, códigos e instituciones, aún pertenece al adversario. Si bien la 4T tiene legitimidad política y electoral, aún debe conquistar la legitimidad institucional. Por eso un hombre de estado comprendería que Laura Rojas, como bien señala Porfirio, está facultada para presentar controversias cuando así lo considere porque es la representante de la soberanía legislativa, pero se cuestionaría el momento de esa controversia y los objetivos que persigue. 

No veo nada noble en esa controversia. Por donde se le vea se trata de lawfare. Es un intento de agrupar a la oposición emanada del calderonismo en contra de la primer jefatura suprema de las fuerzas armadas investida con legitimidad democrática en más de 12 años. Es una disputa institucional en el marco de la constitución, pero no representa un sano equilibrio de poderes y sus fines son perversos. 

Infiero dos: el primero es que a través del lawfare la derecha intenta retomar un orden institucional que ellos crearon y que no ha sido transformado del todo en estos dos años de gobierno. Aclarando que retomar no quiere decir jugar dentro de las reglas que marca la constitución, porque en términos constitucionales AMLO lo ha hecho mejor. Más bien es un intento por desbordar el marco constitucional para debilitar la unidad de las fuerzas armadas, de forma tal que al agotarse el Estado de Derecho que rige el papel de las Fuerzas Armadas por la vía del lawfare, este impacte en ellas, trasladándonos al segundo fin, el más perverso: dejar sin protección de las instituciones armadas a AMLO y al proceso de transformación. 

Lo que digo no es nuevo. Es casi un molde. Sucedió en varios países latinoamericanos, pero en uno con especial violencia: en Chile. Por eso, por más que Porfirio encuentre razones jurídicas para consentir la guerra institucional que pretende azuzar polémica entre las fuerzas armadas a través de la incertidumbre de acción para que éstas falten a su tradición de estar supeditadas al poder civil, la historia se ha puesto en contra de él con evidencia rigurosa conformada en mayor medida por mártires anónimos y presidentes que jamás se rinden ni traicionan, como Salvador Allende que pagó con su vida la lealtad a su pueblo y a la constitución. 

En la última reunión que tuvo con sus colaboradores, Allende dijo que una revolución no triunfaba si el pueblo no veía que sus dirigentes eran consecuentes hasta el último sacrificio. Convendría que Porfirio deje su papel de conciencia viva del régimen de la transición y afile su pensamiento para la batalla institucional que se viene y que tendrá que ser contestada con mucha táctica y compromiso con la inteligencia. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Advertisement