Mecanismo de protección, punto de partida para la implementación del Acuerdo de Escazú

La crisis de derechos humanos que se vive en México en años recientes así como la crisis climática que sufre el mundo entero hace imperante la aplicación urgente del Acuerdo de Escazú, el primer instrumento de derecho ambiental internacional, vinculante y de aplicación en la zona del mundo más peligrosa para la defensa de los recursos y territorios: América Latina.

Por Laura Barranco

La crisis de derechos humanos que se vive en México en años recientes así como la crisis climática que sufre el mundo entero hace imperante la aplicación urgente del Acuerdo de Escazú, el primer instrumento de derecho ambiental internacional, vinculante y de aplicación en la zona del mundo más peligrosa para la defensa de los recursos y territorios: América Latina.

Como bien señalaron Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, este acuerdo es una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados y defender los derechos ambientales de las personas, sin embargo su eficacia depende de su aplicación.

Situación de AL y México

Hago brevemente una numeralia de diversas fuentes internacionales y nacionales sobre la situación de esta región continental así como del país para dimensionar lo grave de las crisis que a su vez se profundizan mutuamente de manera acelerada al interactuar.

De acuerdo con un informe reciente de Global Witness, en 2020 se registraron 227 agresiones en el mundo, 7 de los 10 países donde más se generaron son de América Latina.

En dicho año, México se colocó como el segundo país más peligroso del mundo, después de Colombia. 30 asesinatos de defensores se cometieron, lo que representó un incremento de 67 por ciento con respecto a 2019 y de 100 por ciento comparado con 2017. Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha reportado de 2012 a la fecha 550 agresiones y 33 asesinatos de activistas desde diciembre de 2018.

En días recientes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reportó que “45 por ciento de las agresiones contra periodistas o defensores de los Derechos Humanos provienen fundamentalmente de autoridades municipales, ya sea por intolerancia, por corrupción o por colusión con el crimen de los grupos delictivos en sus respectivos territorios”1. Falta agregar el porcentaje de autoridades estatales y federales que también acosan a activistas medioambientales.

La impunidad, como sabemos, casi alcanza el 100 por ciento en México. Esto se convierte en un caldo de cultivo de más impunidad y más crímenes contra defensores medioambientales.

¿Qué es el acuerdo de Escazú?

Es un tratado regional vinculante, es decir obliga a los Estados a cumplir sus obligaciones en materia medioambiental. Sus objetivos fundamentales son tres: Acceso a la información, a la participación y a la justicia2.

Sus principios son: de no regresión y progresividad, equidad intergeneracional, máxima publicidad y la interpretación de las normas a fin de garantizar la protección de los Derechos Humanos.

Avances’ en la implementación en México

Recientemente en un foro convocado por CEMDA, autoridades de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) contaron los “Avances del Acuerdo de Escazú en México”, y expusieron las distintas gestiones, reuniones, hojas de ruta y diligencias llevadas a cabo desde la entrada en vigor del acuerdo el pasado 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Sin embargo, en resumen el Acuerdo en realidad no se ha aplicado aún.

Se esgrimieron varias actividades y compromisos como capacitación a funcionarios de distintos órdenes de gobierno, reuniones de coordinación con otras áreas y niveles, revisión de áreas del sector ambiental, integración de sistemas de información, armonización de normas y legislación en la materia, y una vez que ocurra todos estos trabajos de “organización interna”, se llevarán a cabo reuniones con la sociedad civil para arrancar con un trabajo de colaboración.

¿Cuánto tiempo podría tardar esto? ¿Cuántos defensores serán asesinados, desaparecidos, amedrentados durante este periodo de organización interna? El sentido de urgencia ante las crisis climáticas y de derechos humanos es el primero que dejan de lado las autoridades federales para cumplir el Acuerdo de Escazú y así éste deja de ser esa “herramienta poderosa” que la ONU y la CEPAL presumían en su entrada en vigor.

Irma Sandoval Galindo, defensora indígena desaparecida pese estar en vigor del Acuerdo de Escazú y ser beneficiaria del Mecanismo de Protección de SEGOB

El Mecanismo de SEGOB para arrancar su aplicación

Los propios funcionarios de SEMARNAT admitieron que el Derecho al Acceso a la Justicia que propugna el Acuerdo de Escazú se cumplirá a través de la Secretaría de Gobernación y con la colaboración de SEMARNAT, SRE, PROFEPA, CNDH, FGR, así como las distintas instancias judiciales y administrativas. En esencia se trata de la Junta de Gobierno que ya está operando en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de la SEGOB.

Por su parte, Andrea Ulises Cherani, quien acudió en representación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, propuso que se aprovechen todas las herramientas legales internacionales y nacionales para aplicar el Acuerdo, destacó todas sus virtudes para cristalizar el acceso a la información, la participación y la justicia.

Es verdad que las leyes se pueden fortalecer, eliminar eventuales lagunas legislativas, crear tribunales especializados, no obstante nada de esto puede ser argumento para no aplicar lo que ya es vigente. Como bien dijo el integrante del Alto Comisionado de la ONU, la Ley para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “es el punto de partida para la implementación del Acuerdo de Escazú”.

1Presidencia de la repùblica.

2Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

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