NEGOCIO DE MUERTE Y DEPREDACIÓN AMBIENTAL: El CASO DE NORIA DE LA SABINA

José Luis García Valero

Las grandes industrias más contaminantes, fueron expulsadas de los países ricos cuyos gobiernos venden a sus habitantes la cara de “países verdes”. Esas empresas han encontrado en países periféricos como México, un espacio ideal para seguir haciendo negocio, sin tener que ocuparse más allá de las formas, por los derechos laborales de sus trabajadores ni por el cuidado de la naturaleza. 

Gobernantes atrapados en un día a día de corto plazo, miopes y/o corruptos, gustan de prometer óptimas condiciones para invertir al capital foráneo; y a sus gobernados la eterna zanahoria: trabajo a manos llenas.

La legislación medioambiental mexicana es compleja y confusa, enmascara vacíos legales y contradicciones que la vuelven impracticable, los funcionarios medioambientales suelen estar abrumados de trabajo y faltos de recursos; muchos han resultado fácilmente sobornables; la población precarizada y dispersa bajo los embates neoliberales impuestos a México por el FMI, todo ello son factores que mezclados, ponen las cosas fáciles al capital foráneo para instalarse entre nosotros, operar sin trabas, saltarse por las buenas o por las malas las leyes que no les acomoden, bajar sus costos de operación, inflar sus ganancias y sacarlas del país.

Estas empresas “chatarra” vienen a México a hacer todo lo que sus gobiernos les prohíben en sus países de origen. Allá los salarios son altos, las normas suelen ser estrictas, las inspecciones eficientes y las sanciones tan altas que los costos de producción se disparan; si quieren seguir operando en sus países de origen, deben mejorar constantemente sus procesos productivos, minimizar la generación de residuos industriales tóxicos y peligrosos (RTP) y responsabilizarse de su manejo, estabilización, compactación y confinamiento final seguro. Por eso, los países periféricos o emergentes, somos un amigable patio trasero, un basurero barato para el gran mundo industrial. El TLCAN prohibe el tráfico internacional de RTP, pero México los importa como «materia prima».

Así es como pueden explicarse las atrocidades perpetradas por negociantes que vieron la posibilidad de obtener pingües ganancias ofreciendo servicios de acopio y confinamiento de RTP.

Según las leyes mexicanas, los RTP se clasifican así: inflamables, explosivos, corrosivos y tóxicos. Existen además los residuos radioactivos y los biológico infecciosos, estos últimos provenientes de centros hospitalarios.

En Mexquitic y Guadalcázar, Estado de San Luis Potosí se cometieron garrafales barbaridades antes de que existiera legislación ambiental alguna. Ahí se confinaron, en letal revoltijo y a cielo abierto, tambos repletos de RTP, desechos radioactivos y biológico infecciosos. Gracias a la presión informada de activistas medio ambientales, se inició un largo, complejo y tortuoso proceso legislativo que dió como resultado la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mejor conocida por LGEEPA. A partir de esa ley, imperfecta, incompleta, plagada de lagunas y contradicciones, ya fue un avance separar los RTP de los radioactivos y los biológico infecciosos, algo es algo.

Hoy en día los pobladores de Mexquitic y Guadalcázar siguen padeciendo gravísimos daños en su salud, ya que las irresponsables empresas abandonaron ahí su peligroso tiradero de basura tóxica y radioactiva, lo que ha incrementado exponencialmente la incidencia de cáncer y otros padecimientos crónico degenerativos.

Es preciso señalar que, todavía hoy en día, cerca del 75% de los RTP que genera la industria, sencillamente se abandona a cielo abierto en ríos, arroyos, barrancas y descampados, sin control alguno. Ese daño enorme abate los costos de operación y por ello engorda las ganancias de las empresas que los generan que, de esa forma, endosan a la naturaleza y a los seres humanos un costo enorme en términos de salud del suelo, del subsuelo, del agua, la atmósfera, los animales, el hombre entre ellos, y las plantas.

Las empresas que lucran confinando RTP, en realidad no resuelven el problema pues sólo acopian una pequeña porción de esos desechos. Amasan, eso sí, enormes fortunas cobrando por acopiarlos y, supuestamente, procesarlos hasta su confinamiento final. Nada de ello le consta a nadie. Funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), reconocieron ante el Cabildo de General Cepeda, – que a la sazón estudiaba si era o no pertinente conceder el permiso de cambio de uso de suelo a la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, S.A. de C.V.,(SEMNSA) –, que carecían del personal y los recursos necesarios para inspeccionar y vigilar la operación de los basureros industriales, que ya existían y operaban en los municipios de Ramos Arizpe y Arteaga, en el Sur Este de Coahuila y en el de Mina, Nuevo León.

Lo cierto es, que tras cinco años de operación en las inmediaciones del poblado ejidal de Noria de la Sabina, nos consta que SEMNSA opera, con entera libertad dentro de una imensa e impenetrable caja negra de 500 hectáreas. Imposible acercarse a sus instalaciones. Reiteradas solicitudes de inspección han sido una y otra vez ignoradas por PROFEPA.

¿CÓMO LLEGÓ SEMNSA A NORIA DE LA SABINA?

La normativa vigente en la materia establece que antes de iniciar su proyecto, la empresa promotora debe informar, de manera adecuada, comprensible y pormenorizada a las comunidades aledañas sobre la naturaleza del proyecto que se propone instalar y operar; y que no podrá hacerlo sin el previo consentimiento informado de dichas comunidades.

¿Cómo actuó el representante legal de SEMNSA, Javier Calderón Domínguez? Primero, visitó el poblado repetidas veces, acompañado de su familia, llevó piñatas y bolos para los pequeños, carne asada y cerveza para los adultos y despensas para las familias; apadrinó bautizos, veló difuntos, financió fiestas de quince años, entregó medicamentos, distribuyó dádivas a diestro y siniestro. Con la complicidad de funcionarios del Registro Agrario Nacional, (RAN) y de la Procuraduría Agraria (PA) consiguió amañar, mediante un acta de asamblea ejidal que no existe en el libro de actas del ejido, “el redestino y asignación” de una porción de las tierras de “uso común”. Ese documento hizo a Javier Calderón Domínguez “ejidatario, avecindado y dedicado a las labores del campo”. En el terreno de los hechos, esas tierras permitieron a SEMNSA comunicar sus terrenos con la Carretera Federal 40, atravesando las tierras de uso común del Ejido Noria de la Sabina. Las tierras de uso común, por ley, no son enajenables.

Con ese consentimiento amañado y sin que la comunidad supiera cuál era el verdadero propósito de SEMNSA, la empresa presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de SEMARNAT y obtuvo, de espaldas a la comunidad, la autorización correspondiente (en materia ambiental).

Cuando ya se había agotado el plazo legal para presentar inconformidades, la comunidad finalmente pudo saber qué se traía entre manos SEMNSA, empezaron las movilizaciones para visibilizar su rechazo al proyecto. Las comunidades inconformes presentaron a las autoridades municipales y federales, en tiempo y forma, veintidos actas de asamblea ejidal para manifestar en forma expresa su oposición al proyecto.

De nada sirvió, las autoridades medioambientales peñanietistas y el cabildo municipal desoyeron al pueblo y, a sabiendas de su oposición, entregaron los permisos de cambio de uso de suelo forestal (federal) y el cambio de uso de suelo (municipal). La Secretaria de Medio Ambiente, (SEMA) del Estado de Coahuila, sin ser de su competencia, acompañó y facilitó todo el proceso administrativo burocrático a favor de SEMNSA. Tiempo después se filtró a los medio que el hijo de la Titular de SEMA, Armando Luna Canales, poseé intereses en SEMNSA.

Las comunidades agraviadas interpusieron una demanda de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Tras meses de litigio, obtuvieron la suspensión provisional, más tarde la suspensión definitiva y por último, obtuvieron sentencia favorable a su causa, el fallo del Tribunal declaró «nula para efectos» la autorización en materia ambiental otorgada a SEMNSA por la DGIRA de SEMARNAT, pese a ello, las autoridades no ejecutaron la sentencia y tras simular la reposición del proceso, en modo fast track, concedieron de nueva cuenta la autorización.

Ello obligó a las comunidades a interponer un segundo juicio de nulidad que, de nueva cuenta, obtuvo sentencia favorable a la causa campesina. Las autoridades medioambientales de la 4T adoptaron una actitud muy diferente a la de sus predecesoras, se abstuvieron de interponer el recurso de inconformidad al que tenían derecho y el plazo para ello venció en febrero pasado. Entonces se interpuso la pandemia de COVID-19 y las comunidades se encuentran a la espera de una acción contundente de la PROFEPA.

RURALIDAD VIOLENTADA

Desde los años 80 del siglo pasado, los gobiernos neoliberales se han empeñado en desmantear el ejido para proletarizar al campesino, descampesinizar el agro, entregar las aguas y las mejores tierras a agroempresas particulares con un enfoque productivista y de exportación. Más grave aún, la formación de “clusters” industriales, como el automotriz del Sureste coahuilense, apunta a la formación de haciendas industriales con obreros “acasillados”, conforme a un modelo neoporfirista. Eso son, ni más ni menos, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que comentaré en próximos artículos.

En el caso de la región desértica conocida como Desierto Chihuahuense, una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo y que comprende porciones de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, los gobiernos neoliberales decidieron forzar un cambio de su vocación natural, dada su cercanía con los Estados Unidos, convertir la vasta región en tierra de maquiladoras, plantas automotrices, minas a cielo abierto y, por qué no, basureros industriales, todo ello a costa del mundo rural. Las comunidades campesinas, amenazadas por estos despojos, resisten, se informan y organizan.

SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA

Lo cierto es que si México no mejora y actualiza su marco legal en materia medio ambiental, si las empresas no mejoran sus procesos, la generación de RTP seguirá creciendo y contaminando, abandonadas a cielo abierto.Y un puñado de empresarios sin escrúpulos seguirá embolsándose fortunas por acopiar una mínima parte del mugrero.

Urge pues perfeccionar las leyes ambientales, hacer que quienes generan RTP asuman los costos de confinarlos de manera segura. La delicada y compleja tarea de acopiar, estabilizar, minimizar y confinar de manera segura la ingente masa de RTP que genera la industria en México, no debe ni puede seguir en manos privadas, como un simple nicho de negocio, puesto que se trata de un asunto de seguridad nacional y de salud pública.

En esta pandemia del COVID19 estamos viviendo las dolorosas consecuencias de la despiadada privatización de los servicios de salud, eso mismo sucede, aunque resulte menos visible, en el terreno de los residuos tóxicos y peligrosos.

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