Mié. May 25th, 2022

Gobierno lanza buzón para filtraciones pero no protege a alertador

Por primera vez desde la aparición de Méxicoleaks (hace cuatro años), el Estado pretende replicar los buzones de alta seguridad. La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que lanzará su propia plataforma de leaking (filtraciones) con el objetivo de mejorar los protocolos de investigación gubernamental usando la misma tecnología de anonimato que la alianza Méxicoleaks.

El titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, Jesús Robles Maloof, anunció que ese Sistema de Alertadores, será uno de los primeros esfuerzos de la dependencia por mejorar las investigaciones actuales. Posteriormente trabajarán para promulgar una ley. 

No obstante, las propuestas para desarrollar esa ley comenzaron en febrero y no con los anunciado por la SFP. La primera fue presentada por el senador de Jalisco, Clemente Castañeda del partido Movimiento Ciudadano (MC) en diciembre de 2018 y subida a pleno en febrero del año en curso; sin embargo, la propuesta del emeceísta no contempla la opinión o asesoría técnica y legal de ninguna organización dedicada al tema, por lo que tiene fuertes deficiencias. 

Veinte días después de la iniciativa de Castañeda, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, anunció que la fracción de Morena en el Senado también se encuentra desarrollando una propuesta propia.

El problema con la iniciativa del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador es que comienza desde la misma Función Pública con su buzón, sin que exista una regulación legal óptima.

La “Plataforma Tecnológica de Alertadores” (nombre oficial del buzón de la SFP), nace a partir de la legislación actual, que no reconoce la figura del alertador en el sistema legal y solo hay un antecedente en una sentencia judicial del 2016, con corte específicamente penal4. Para que esta sea plenamente funcional es necesario crear una Ley Nacional de Alertadores que permita, no solo proteger a los alertadores que recurren a organismos públicos, sino una estructura legal que también potencie el whistleblowing en el sector privado como sucede en Estados Unidos y, que México proteja a cualquier alertador del mundo como reclama Roberto Macias y las organizaciones que lo respaldan. 

Pero la SFP ya contemplaba un sistema de esta naturaleza. Se trata del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), que desde su fundación jamás hizo públicos sus resultados y para el cual no existía una regulación (al igual que ocurre con el buzón presentado) que amparara esos resultados. 

Finalmente, este escenario también genera una gran oportunidad para que la embajada de México en España o la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fijen una postura de amparo al alertador mexicano acusado y perseguido por un sindicato español. PODER solicitó entrevista directamente con Roberto Velazco, encargado de la comunicación de dicha dependencia, pero hasta el momento del cierre de está edición no hubo respuesta. 

No puede volver a ocurrir un caso Aristegui

Comenzar con esta ley también debería evitar que se repitan casos como el de Aristegui. Durante el periodo en el que Macías luchaba de la mano de organizaciones civiles por una España menos corrupta, en México ya se gestaban los primeros pasos de un sistema netamente ciudadano para proteger a quienes, como Macías, deseaban denunciar casos de corrupción: Méxicoleaks apareció en un espacio de deficiencia gubernamental total para proteger a los denunciantes.

La historia de esta alianza comenzó con un gran obstáculo. “Por pérdida de confianza” (sic), uno de los 3 grupos radiofónicos más poderosos del país dio por terminada su relación laboral, el 12 de marzo del 2015, con la periodista Carmen Aristegui. Al unísono, la sociedad mexicana le entregaba a la misma comunicadora los registros más altos de credibilidad y audiencia de la historia de los medios de comunicación en México. “Daremos la batalla, no es tiempo de sometimientos”, respondió la periodista a las acusaciones. Tres días y 166 mil firmas de radioescuchas después5, una apabullante manifestación circundó las instalaciones centrales, en Ciudad de México, de la estación MVS Radio, el 15 de marzo de 2015. 

La manifestación y la recolección de firmas tenían como objetivo solicitar a la empresa que se le respetaran los derechos laborales a Carmen Aristegui; en respuesta a las quejas de la ciudadanía, la estación respondió que el despido se debía a las políticas administrativas, y que el haber hecho uso de la marca MVS junto a la de Méxicoleaks, comprometía los recursos de la empresa; sin embargo, la alianza únicamente implicaba el trabajo colaborativo de la unidad de investigación de la periodista (a quienes también despidieron) y no a los recursos de MVS.

En palabras de la propia periodista, su despido respondía a un ataque dirigido y articulado. Y el 13 de febrero de 2018 ganaron la batalla. Meses antes de las elecciones presidenciales que destituirían el bipartidismo del país, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la primer sentencia del juzgado recargando en el derecho a la libertad de expresión y asegurando que el despido de la periodista, fue ilegal6.

Méxicoleaks, la alternativa 

La plataforma ciudadana de denuncias anónimas, Méxicoleaks7, ha logrado revelar grandes casos de corrupción en el país, tales como: El momento exacto en el que el excandidato a la presidencia de la República José Antonio Meade avaló un desastroso contrato de Pemex con Odebrecht, pese a las recomendaciones técnicas de que no lo hiciera8; el operativo “Ecatepec 13” con el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretendía asegurar votos a favor de su militante Alfredo Del Mazo9 o la millonaria liquidación de Ochoa Reza de la Comisión Federal de Electricidad10. Y cumpliendo con su objetivo, en ninguno de los casos se comprometió a los filtradores (como frecuentemente ocurre con las denuncias en gobierno).

Un año después de la victoria de Carmen Aristegui en tribunales, el 13 de marzo de 2019, la alianza anunció, en su cuarto aniversario, otras dos noticias importantes para el desarrollo de la plataforma: la apertura de un canal de mensajería instantánea haciendo uso del sistema Signal para recibir información, y la incorporación de ocho medios de comunicación más que ya trabajan en conjunto. 

Asimismo, la plataforma que nació con sólo ocho aliados, ahora cuenta con una estructura nacional que le permite realizar investigaciones en casi todos los puntos del país. Los aliados actuales son: Periodistas de a Pie, Animal Político, Revista Proceso, Aristegui Noticias, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), La Red en Defensa de Los Derechos Digitales (R3D), Rompeviento TV, Chiapas Paralelo, Raíchali de Chihuahua, La Verdad de Juárez, ZonaDocs en Jalisco, LadoB de Puebla y Pie de Página. 

Gracias a esa ampliación de la alianza, Méxicoleaks logró descentralizar los procesos de filtraciones seguras en el país, dando como resultado investigaciones con mayor incidencia directa en las comunidades afectadas y protección del anonimato de fuentes que no se encuentran en el centro de México. 

En cuanto a la evolución del canal de Signal, la plataforma ha recibido más de 30 leaks(filtraciones) en un periodo de cuatro meses, es decir, el canal tuvo el mismo nivel de aceptación que la plataforma.

Actualmente, los whistleblowers (filtradores o alertadores) han enviado a la alianza más de 600 filtraciones con información que no habría sido revelada de no ser por la existencia de este sistema. También se ha logrado la suspensión de funcionarios públicos que violentaron la normativa electoral, se revelaron múltiples negocios plagados de malas prácticas correspondientes a la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se han denunciado daños al medio ambiente, entre otros. Y ninguno de ellos fue expuesto, Méxicoleaks seguirá siendo la opción más segura, a la espera de una ley que otorgue las mayores garantías a los alertadores.

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Historia de Ricardo Balderas, editada por Eduard Martín-Borregón

(Reportaje original de PODER)

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