junio 13, 2024

Ricardo Balderas

La censura no es la opción. Por lo menos no para las más de mil 800 personas (activistas, periodistas, actores y personalidades de diferentes sectores) además de casi 700 organizaciones de la sociedad civil, quienes han firmado un documento de extrañamiento en contra de la decisión tomada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para que las personas candidatas a la Jefatura de Gobierno no puedan hablar del Cártel Inmobiliario.

            Se trata de un problema complejo donde se acusa que diversos militantes del Partido Acción Nacional (PAN), quienes durante su gestión frente a la alcaldía Benito Juárez, lucraron con las vidas de los habitantes permitiendo pisos de edificios excedentes en una zona donde las leyes no lo permiten debido a la alta probabilidad de colapso, y con el fin según se señala en diversas investigaciones, de lucrar a su favor. Es decir, corrupción que puso en riesgo la vida de los capitalinos.

            Ante tales hechos que continúan siendo investigados y donde el actual candidato del partido albiazul, Santiago Taboada es uno de los principales señalados. La discusión pública se divide entre quienes quieren proteger la honorabilidad del panista y quienes entienden que se trata de un problema alarmante que requeriría toda la seriedad posible para dar con las personas responsables. Incluso si se trata de un candidato.

            El enojo justificado de las organizaciones implica el análisis de dos vertientes del panismo, ambas desde luego criticables. La primera la postura de la candidata Xóchitl Gálvez donde señala a su opositora Claudia Sheinbaum Pardo como una mujer ineficiente por no tener una propiedad a su nombre, asumiendo que las condiciones para todas las personas son las mismas, evitando hablar de la corrupción inmobiliaria que despoja a los barrios para lucrar con edificios baratos y omitiendo también que la vivienda se encuentra acaparada por quienes tienen el privilegio de pagarlas. 

            La segunda crítica es la postura del IECM donde, sin pensar en las necesidades de los capitalinos, simplemente decide que algo no debe ser dicho. Como si tuvieran la última palabra. Nada de esto responde a un interés por cuidar a los ciudadanos, al contrario, demuestra el uso faccioso de las instituciones para favorecer a un político que como tienen a bien decir estas organizaciones “están alejados del pueblo al que dicen representar”.

            Parte de esta discusión es la que obliga a organizaciones barriales y populares de la capital a fijar una postura de no aceptación. Pretender ocultar un problema que nos atañe día a día no es algo que los capitalinos estén dispuestos a ceder. Además, lo hicieron de manera excelsa. 

Los pisos azules de la Benito Juárez

Frente al hecho, los activistas en favor de la vivienda digna para todas las personas, quienes por cierto trabajan ahora mismo discutiendo las condiciones de vivienda en delegaciones donde los panistas sólo se paran en campaña, solicitaron apoyo de personal académico de la facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), bendita universidad pública, para que les ayudara a identificar la cantidad de inmuebles ilegales desarrollados en las alcaldías donde el Partido Acción Nacional es gobernante. Y los resultados son contundentes.

            En los informes desarrollados por los académicos se puede apreciar el análisis de la cantidad de vivienda respecto a los pisos autorizados. Todo realizado con información que ya es pública, es decir, de la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. 

            Esta información analiza el crecimiento ilegal de edificios en la Benito Juárez durante los periodos de los exalcaldes Germán de la Garza, Mario Alberto Palacios, Jorge Romero, Christian Damián Von y el actual candidato por la jefatura de gobierno, Santiago Taboada Cortina.

            Por ejemplo, del primer panista se sabe que las autorizaciones de pisos ilegales no alcanzaron 50 niveles excedentes. Lo mismo curre con Mario Alberto Alberto Palacios. 

            Sin embargo, tras la llegada de Jorge Romero, en pleno proceso de entrega y recepción de la delegación comenzaron los despuntes. Y para finalizar su gobierno, Romero Herrera casi alcanzó los 100 pisos fuera de la ley.

            Sin embargo, las administraciones con más de 100 pisos ilegales, y por mucho, las más conflictivas en materia de desarrollo urbano son las correspondientes a Von Roehrich y Taboada Cortina. Esperemos los resultados electorales, por que ocultar información a la gente de quienes pides el voto, en ningún país y bajo ninguna circunstancia puede quedar impune. 

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