El T-MEC abrió una puerta al periodismo de investigación que no estamos aprovechando

Ricardo Balderas

En el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obradorista, que fue firmado y encabezado por Marcelo Ebrard, se reconocen los efectos negativos de la corrupción, dicho por lo cual se propone en el articulado 27.5 fracción (d), la instalación de medidas que garanticen que las personas que sean testigos de alguno de los delitos regulados por este tratado (Desvío de recursos, cohecho y peculado) puedan realizar las alertas de manera anónima y segura.

En este sentido, México se comprometió a implementar medidas de protección a personas alertadoras también llamadas leakers en su regulación local. De tal modo que vía la Secretaría de la Función Pública (SFP) instaló un buzón de encriptación de datos para denuncias anónimas denominado “Ciudadanos alertadores internos y externos”.

No obstante, debido a la complejidad de sus protocolos y al flujo de personal calificado que no logró permanencia, desde que se impulsó en 2018 por el senador del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, o desde que fue aplicativo (veinte días después) por la extitular Irma Erendira Sandoval, no tenemos información sobre su uso.

La plataforma originalmente fue anunciada por el entonces titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, Jesús Robles Maloof, bajo el argumento de que este sería uno de los primeros esfuerzos de la dependencia para mejorar las investigaciones internas que hasta ese momento recaían únicamente en los Organos Internos de Control (OIC).

De acuerdo con datos de la solicitud de acceso a la información con folio 330026523000791, de fecha 16 de febrero de 2023, entre julio de 2019 y febrero de 2023, el sistema de alertadores interno y externo de la SFP recibió un total de 6,966 alertas, sin embargo, hasta el momento no hay datos públicos de cuántos casos se investigaron o en cuántos de ellos se implementaron medidas de protección para las personas alertadoras.

El problema con la iniciativa del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador es que comienza desde la misma Función Pública con su buzón, sin que exista una regulación legal óptima.

La “Plataforma Tecnológica de Alertadores” (nombre oficial del buzón de la SFP), nace a partir de la legislación actual que, al día de hoy, no reconoce la figura del alertador en el sistema legal y solo hay un antecedente en una sentencia judicial del 2016, con corte específicamente penal.

Los esfuerzos ya existían

La experiencia de MéxicoLeaks, plataforma mexicana de periodismo independiente que permite que la ciudadanía realice denuncias anónimas, así como filtraciones de información asociada a corrupción gubernamental que puedan derivar en una investigación noticiosa con la finalidad de mejorar la transparencia y la participación ciudadana, es una prueba de que se pueden implementar medidas de control al poder capital que se ve relacionado (directa o indirectamente) en casos de violaciones a derechos humanos de las empresas a las comunidades donde desarrollan su actividad comercial.

La plataforma que impulsa la organización social PODER, implementa la misma tecnología (Globaleaks) desde 2015, pero con mayor relevancia de la que se logró con los esfuerzos del Estado. En gran medida, la falta de resultados, se debe a la falta de personal especializado en gestión y análisis de datos y/o ciberseguridad, así como la negativa del Estado por implementar un protocolo de participación activa en los mecanismos anticorrupción.

Otra debilidad del buzón de la SFP es su falta de difusión. El rol que tomaron los medios independientes en el desarrollo del buzón MéxicoLeaks fue uno de los motivos de su éxito. Por ejemplo, En junio de 2016, Méxicoleaks recibió el premio Frida 2016, del Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe, el cual se entrega a iniciativas que hayan contribuido al desarrollo social y económico en Latinoamérica.

Futuro en los medios públicos

La llegada de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la renovación de cuadros en medios públicos, abren una brecha donde las denuncias o alertas de corrupción tienen una oportunidad innegable, no sólo para presentar los resultados prometidos durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, de legislar sobre la protección a personas alertadoras y la gestión de los buzones de alta seguridad; sino para impulsar la vigilancia del poder económico y su responsabilidad en los casos de violación a derechos humanos desde los medios de comunicación que deben de servir al pueblo.

Haciendo uso de esta tecnología no privativa, desde los medios públicos y con acceso a los apartados de denuncia que no contemplan la participación del Estado (ya existe esa opción en el buzón de la SFP), se siembra para siempre una cultura de la denuncia que, desde Estados Unidos y la Unión Europea, opera desde hace décadas con resultados tangibles para la rendición de cuentas corporativa. De tal modo que la salida más evidente sería la del impulso en los medios públicos a estos trabajos de denuncia anónima.

El T-MEC también establece que los países involucrados deben: