A 10 años del derrame minero más peligroso de México

Ricardo Balderas/Hermosillo

El suceso, que está por cumplir 10 años de impunidad, tuvo lugar en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa Grupo México S.A.B. de C.V., una de las principales mineras del país pertenecientes a Germán Larrea Mota Velasco, el tercer hombre más rico de México.¹

Dicho derrame de 40,000 metros cúbicos de lixiviados fue causado por un colapso en una pileta de lixiviación en la mina Buenavista del Cobre, la cual liberó miles de litros de una mezcla tóxica de metales pesados y sustancias químicas que contaminó el río y sus afluentes.² Dejando a la vida que se alimentaba de ese río a la deriva con sus consecuencias.

El impacto en las comunidades ha sido severo. Hasta el momento, se han reportado daños a la salud de las personas que viven en el río Sonora, pérdidas en la agricultura local y un deterioro significativo de la calidad del agua. Por ejemplo, según se narra en uno de los comunicados de los Comités de Cuenca Río Sonora, organización conformada por personas afectadas por el derrame de al menos 8 municipios , la afectación económica asciende a los 20 mil millones de pesos.³

“A pesar de esto, les decimos a las autoridades que los CCRS seguimos en pie, esperando los resultados concretos que nos han prometido en dos sexenios (pues el fallido Fideicomiso hasta el año pasado no había cubierto ni el 2% de los daños al ambiente ni a la salud).”, explican las comunidades.

La transición presidencial

Ante la falta de atención y apremiados por el cambio de Gobierno, los integrantes del CCRS se presentaron en la Ciudad de México con el objetivo de que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, les recibiera un documento donde expresan diversas inquietudes respecto al proceso de restauración de la cuenca.

En el acto, los CCRS entregaron un pliego petitorio para intentar exigir un compromiso por parte del que será el próximo Gobierno Federal de México: “nos parece fundamental que la agenda de la Presidenta electa contemple abordar el caso del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”, cita el documento.⁴ Según el comunicado de los Comités, la virtual Presidenta “se comprometió a dar seguimiento, y tener una reunión con nosotros (los CCRS) una vez que tuviera su equipo de trabajo”.

Estos son los puntos que los CCRS respondieron a Grupo México, donde además se señala un acto que califican como “ilegal” por acaparamiento de agua y, que replicamos en PODER⁵:

1. Sobre las concesiones de agua:

El Presidente López Obrador dio a conocer que en 2018 un exfuncionario de CONAGUA (después contratado como empleado de la empresa) otorgó concesiones de agua de manera cuestionable a Grupo México. Que la minera tenga las concesiones no implica transparencia en los procesos para obtenerlas o en sus actividades.

2. Sobre la sustentabilidad:

¿Cómo puede hablar de sustentabilidad una empresa que explota una cuenca cuyo estrés hídrico, sobreexplotación y sequía severa han sido confirmados? Según el Dictamen de diagnóstico ambiental de SEMARNAT, la sobreexplotación en los acuíferos de la región “se debe de forma inequívoca al incremento en la producción de cobre dentro de la mina Buenavista del Cobre”.

Un estudio reciente de SEMARNAT, IMTA e ITSON confirma que los acuíferos del Río Bacoachi y Río Bacanuchi han experimentado un abatimiento significativo de sus niveles piezométricos, atribuido en gran medida a las actividades mineras de Grupo México.

3. Sobre la explotación del agua y la sequía:

Para argumentar la disponibilidad de agua en el acuífero del Río Bacoachi este año, CONAGUA se sustenta en un estudio mandado a hacer y financiado por Grupo México en 2017. ¿Cómo se puede justificar que esos resultados sean considerados válidos 7 años después?

Grupo México comunica que no existe relación entre la sequía y sus actividades mineras; sin embargo, hay relación directa entre sus actividades mineras y la escasez de agua. Estudios ambientales recientes demuestran que Grupo México acapara 57% del agua en la parte alta de la cuenca del río Sonora.

4. Sobre el apego a la ley vigente:

Aunque Grupo México afirma que “opera conforme a la legislación vigente”, la ley también permite restringir el uso de agua en casos de sequía y sobreexplotación. La Constitución Federal establece un orden de prelación donde el uso humano y agrícola tienen prioridad sobre el uso industrial. Esto no está siendo respetado.

Hasta el momento, ni Grupo México o las autoridades se han pronunciado respecto a las peticiones de las personas que exigen la restauración de la cuenca más importante de Sonora. Tampoco sobre las actividades ocurridas durante el aniversario del desastre.

Festejar la vida

Nunca rendirse. A pesar del desinterés de algunas autoridades, los Comités de Cuenca continúan exigiendo justicia. De tal modo, que el pasado domingo se organizó un festival en Hermosillo con el objetivo de visibilizar a las nuevas generaciones del desastre, particularmente a las infancias que ahora crecen frente a un río que les contamina.

A dicho evento asistieron habitantes de Sonora, artistas locales y personas defensoras de derechos humanos quienes expresaron su solidaridad con la causa, lanzaron consignas para la paz en medio oriente y realizaron obras teatrales. Finalmente, los CCRS se dispusieron a leer en público un comunicado denunciando la injusticia.

“Tenemos derecho a un futuro donde nuestra agua esté limpia, nuestras tierras sean fértiles y fuente de vida, y donde nuestras comunidades prosperen, no nos queremos ir. Queremos un futuro en el que autoridades dejen de voltear a otro lado cuando empresas como Grupo México contaminan las aguas”,⁶ explican en su discurso.

Al respecto de las actividades en Sonora, PODER solicitó entrevista con la persona encargada de gestionar la comunicación de la empresa señalada como responsable del desastre ecológico, Diana Luna Segundo, de Grupo México quien respondió que: “Le informo que en este momento no estamos agendando entrevistas, pero de ser posible tener otra respuesta a su amable solicitud le informaré de inmediato.”, explicó.

Luego de 10 años de impunidad y exposición constante a metales pesados, la respuesta para quienes viven con la crisis ambiental, continúa en entredichos.