Los negocios de López-Dóriga y familia

Ricardo Balderas

Además de cobrar como el conductor principal en Noticieros Televisa, Joaquín López-Dóriga Velandia firmó contratos, a través de las empresas de su familia, durante los últimos siete años con el Gobierno Federal equivalentes a 148 millones de pesos (mdp). El 100% de ellos fueron por adjudicaciones directas. El sucesor de Jacobo Zabludovsky tuvo siempre el beneficio de no competir.

Televisa, luego de la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, fue la escuela de un grupo de hombres poderosos para qienes la pantalla era, ante todo, un negocio y no un servicio público concesionado. Así lo redactó el especialista en análisis de las audiencias, Jenaro Villamil, en su libro: El sexenio de Televisa. ¹

Y esa escuela, la de hacer negocios aprovechando los reflectores de una plataforma concesionada, que tuvo López-Dóriga durante poco más de 20 años, se filtró a su núcleo familiar. Entre el hijo mayor y la esposa, acumularon un largo y turbio expediente que va desde los escándalos con paraísos fiscales, al apoderamiento de farmacéuticas que tuvieron que justificarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y finalmente en enfrentamientos y demandas con otras familias de millonarios. Así fue cómo los López-Dóriga pasaron del micrófono de oro, a los juzgados de lo mercantil.

Con ayuda de su familia desde diferentes frentes, López-Dóriga Velandia articuló seis empresas, todas ellas con prácticas de opacidad, en las que su esposa aparece como representante de por lo menos tres.

Las compañías son: Tankfarm Capital de México, S.A.P.I de C.V., un think tank que se consolidó con ayuda del dueño de una transnacional de medicamentos y el hijo del comunicador; Telecomportal, S.A., de C.V., creada el 16 de diciembre de 2005 con el objeto de compra, venta, importación, exportación, renta de bienes, herramientas, partes o refacciones a nombre de la esposa; Ankla Comunicación, S.A de C.V., Astron Publicidad, S.A de C.V y LópezDóriga.com, con las que preferentemente concursaban por publicidad con el Gobierno; y finalmente Josa Ldt, empresa del hijo mayor que apareció en el archivo de #BahamasLeaks por enviar dinero a paraísos fiscales².

Los millones entregados pretendían generar menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2011 y 2017.

El caso más reciente en donde los López-Dóriga recibieron dinero sin concursar, es otra adjudicación ejercida antes de cerrar el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Dicha contratación tuvo como objetivo “Mencionar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)” -siempre con una visión positiva-, en el sitio web del conductor. Contrato que les benefició con 400 mil pesos en febrero del año pasado³.

Sin embargo, ni todos los millones reportados con esas adjudicaciones explican la totalidad de los bienes inmuebles que se han reportado de la familia López-Dóriga, en los que destacan: Seis departamentos de lujo en el Club de Golf Bosques, otros siete en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, un lujoso yate valuado en 40 millones de pesos y una suite en residencial Villa Alejandra de Acapulco⁴.

De #BahamasLeaks a turbulencias en la BMV

El 21 de septiembre de 2016, apareció en los interiores de diferentes medios de comunicación el escándalo de #BahamasLeaks, la secuela de una investigación originada en Estados Unidos donde se señalaba a prominentes empresarios, funcionarios públicos y figuras del espectáculo por utilizar las estructuras de los paraísos fiscales para esconder dinero. Entre los acusados, apareció Joaquín López- Dóriga Ostolaza, hijo mayor del conductor⁵.

La empresa señalada en la investigación derivada de #PanamaPapers es Josa LDT, de la cual, además de su existencia, no hay registro oficial alguno en México aunque es de dominio público su existencia. En su momento, los periodistas que revelaron dicha información solicitaron una entrevista con el acusado; sin embargo, éste jamás respondió a los señalamientos.

López-Dóriga Ostolaza es, además de propietario de Josa LDT, consejero del periódico El Economista; se desempeña como Director Corporativo Principal de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.; como Director Independiente en Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V., desde 2010; y como Director de Farmacias Ahumada S.A.

Farmacias Ahumada es la subsidiaria en Chile de Farmacias Benavides en donde López-Dóriga Ostolaza ha cumplido diversas funciones, incluyendo su participación en el Consejo de Administración y/o Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad desde antes de que fuera comprada por la transnacional Alliance Boots GmbH en 2014⁶.

Fue durante sus labores como consejero del Grupo Casa SABA, que el hijo del conductor se unió con uno de los hijos del propietario de la también farmacéutica y constituyó la otra firma: Tankfarm Capital de México, S.A.P.I de C.V., de la que tampoco existe registro de actividad. Pero no fue su único negocio.

El hijo del conductor es dueño de otra empresa denominada Administradora y Recuperadora Fortec S.A de C.V.. Por medio de esa compañía posee, junto a otros cinco empresarios, la propiedad del 8.7 por ciento de las acciones de Grupo Casa SABA y de Farmacias Benavides. El resto de las acciones de la farmacéutica recaen justamente sobre Grupo Financiero Banorte donde también trabaja López-Dóriga Ostolaza.

Este enramado de propiedades provocó que Grupo Casa SABA publicara en el archivo anual de la Bolsa Mexicana de Valores un informe donde se explicaba sobre los procesos jurídicos o administrativos de la empresa, a fin de establecer posibles riesgos. Y sin nombrar culpables explicaron:

“La Subsidiaria Controladora Casa SABA, S.A. de C.V. ha recibido diversas cartas de reclamación de Alliance Boots Latin America, Ltd, así como una de Farmacias Ahumada, S.A., en relación con cierta obligación de indemnización contenida en el contrato relacionado con la venta de las acciones de FASA, mismas que ha respondido y objetado en tiempo y forma, al considerar que resultan improcedentes […] Conforme a la opinión de sus abogados, la Compañía considera que es bajo el riesgo de que la misma resulte condenada u obligada a pagar cantidad alguna a las citadas reclamantes, o que ello pueda tener un impacto significativo sobre los resultados de operación y la posición financiera de la misma. No se conocen otros juicios aparte de los señalados en la tabla que precede”, argumentan en el documento.

La otra cara de los negocios

Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López-Dóriga, también tuvo que enfrentarse a tribunales de justicia mercantil debido a los negocios que comparte con su pareja sentimental. El 31 de octubre de 2015, la empresaria María Asunción Aramburuzabala ratificó la denuncia de hechos por extorsión contra Pérez Romo, Paloma Carrera Baños, el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba y otros involucrados.

El conflicto en cuestión era derivado de la construcción de un desarrollo inmobiliario en la calle Rubén Darío 225 de la colonia Polanco, por la empresa Abilia propiedad de la multimillonaria Aramburuzabala.

Con esa denuncia, la Procuraduría capitalina abrió la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08, usando como prueba principal la divulgación de un video donde el abogado Becerra Pocoroba, a nombre de vecinos del edificio de Rubén Darío 225 y de la esposa de López Dóriga, planteó el pago de 5 millones de dólares, más 600 mil dólares por sus honorarios y una serie de obras de “mitigación” en la colonia Polanco, a cambio de que no se interpusiera el juicio de lesividad (instrumento para demandar la nulidad de un fallo individual benéfico para el contribuyente que resulte ilegal y lesiona al fisco federal), en contra de la obra en construcción de Aramburuzabala⁷.

El juicio de la empresa Abilia en contra del personal de Protección Civil capitalina fue solamente uno de los tres que estaban pendientes en los tribunales de la Ciudad de México desde 2015: uno por la tentativa de extorsión, otro por abuso de autoridad del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) al clausurar la obra inmobiliaria y este tercero en contra de Protección Civil.

En agosto de 2016 las autoridades dieron carpetazo a la investigación en contra de la familia⁸, y dos años después, Pérez Romo volvió a ganar licitaciones a favor de las empresas Astron, Akron y LópezDóriga.com de su esposo para cobrar dinero público que no concursaron. Por supuesto nada de esto fue nota para López-Dóriga.