La multinacional mexicana pionera en ocupación ilegal

Ricardo Balderas con información de Julieta Lamberti

Las personas expertas coinciden, la investigación del papel que juegan las empresas en conflictos armados como el reciente ataque del grupo extremista Hamás en Israel y subsecuentemente los bombardeos de Israel a territorio palestino, dan cuenta de la urgencia que tienen todas las naciones por vigilar que sus empresas no sean partícipes en actos de violencia, es decir, que las guerras no se paguen con dinero de los contribuyentes y que las empresas sean vistas por fin, como uno de los actores responsables de vigilar que su actividad no violente los derechos humanos de la población.

La mañana del 7 de octubre marcó el destino de una guerra que cuenta ya con 36 años de conflicto. Un ataque terrestre con armamento explosivo orquestado por un grupo calificado como terrorista y denominado Hamás a un batallón israelí y múltiples objetivos civiles, derivó en ataques por aire (también con explosivos) a hospitales, escuelas y refugios ubicados en Palestina.

El resultado es tan fatal como cualquier acción de guerra. La vida de millones de personas en Palestina e Israel cambió para siempre tras las masacres cometidas el 7 de octubre por Hamás en Israel, así como las masacres subsiguientes que está cometiendo Israel en su asalto sobre la Franja de Gaza.

Según expertos en todo el mundo, es la investigación de empresas, la educación gremial laborista, la cooperación internacional y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en terreno de ocupación son estrategias viables para vigilar la participación empresarial en zonas de conflicto, así lo explican las personas expertas entrevistadas por PODER.

Fernanda Hopenhaym es integrante del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos. Para ella, las empresas son uno de los principales focos de regulación que tienen los países interesados en mitigar la violencia.

Desde su perspectiva, si los Estados logran generar candados para que las firmas se hagan responsables de su participación directa o indirecta en conflictos armados, será más complejo que su actividad culmine en la violación a los derechos de las personas. Fijar reglas mínimas y claras para las empresas cuando están operando en contexto de guerra, ayudaría a disminuir la violencia en el mundo.

“Las empresas son actores, en muchos casos, muy poderosos, muy importantes, con un capital e influencia enormes (…) Desde 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos que son el estándar internacional más ampliamente aceptado que desglosa y califica la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y por supuesto que un conflicto armado tiene impacto enorme en los derechos de las personas y cualquier empresa que esté operando en estos territorios tiene una responsabilidad aumentada de que sus actividades no contribuyan a empeorar ese conflicto”.

Sobre los puntos que ya existen para abordar la responsabilidad empresarial en un conflicto como el de Gaza, la activista y defensora de derechos humanos explica que estos Principios Rectores son 31 y se encuentran organizados bajo 3 pilares que son: Las obligaciones estatales, es decir, qué le toca al Estado hacer para garantizar los derechos humanos; el pilar dos que refiere a lo que deben hacer las empresas y su responsabilidad frente a los derechos humanos; y finalmente, el pilar 3 que es el acceso al remedio y la justicia para las víctimas de abuso empresarial.

Desde la Franja de Gaza

A la postura de la experta mexicana Fernanda Hopenhaym, se suman las declaraciones de Wesam Ahmad quien también es defensor de los derechos humanos y parte del Centro Al-Haq de Derecho Internacional Aplicado con sede en Ramallah, Palestina.

Para Wesam Ahmad resulta fundamental realizar un seguimiento de los flujos financieros en situaciones de guerra para comprender cómo se utilizan o explotan los recursos económicos. Esto puede revelar la financiación de actividades ilegales como el tráfico de armas o el apoyo a asentamientos ilegales. También ayuda a identificar y responsabilizar a quienes se benefician de los conflictos o los exacerban, y ayuda a implementar sanciones o acciones legales contra entidades que violan el derecho internacional.

Otro aspecto relevante de la investigación empresarial es el de la educación laboral, pues según lo explica el activista palestino, estos trabajos pueden desempeñar un papel importante en la regulación de los delitos contra los derechos humanos. Educar a los trabajadores sobre sus derechos y los marcos legales que los protegen puede empoderarlos para resistir las prácticas de explotación y denunciar violaciones. Las fuerzas laborales informadas también pueden abogar por condiciones de trabajo justas y humanas, desafiando los sistemas que perpetúan los abusos.

“Si bien la idea de detener las guerras mediante huelgas puede parecer utópica, las huelgas y las acciones laborales colectivas han sido históricamente herramientas poderosas para el cambio social. Pueden alterar los sistemas económicos que sustentan las guerras y llamar la atención sobre las injusticias. Sin embargo, detener las guerras suele requerir un enfoque multifacético, que incluya esfuerzos diplomáticos, legales y de base”, asegura.

Tal y como lo explicó Hopenhaym, Wesam comenta que efectivamente existen precedentes en los que investigar y exponer las actividades de empresas involucradas en zonas de conflicto ha llevado a una reducción de la violencia, pero esto requiere acciones a nivel político, como imponer sanciones a las empresas o la creación de mecanismos para garantizar que las empresas no sigan contribuyendo a conflictos como la cuestión de los diamantes de sangre en la República Democrática del Congo y el Proceso de Kimberley, cuando en el 2000, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución sobre el papel que desempeñaba el comercio de diamantes en la financiación del conflicto. La resolución apoyaba la creación de un sistema internacional de certificación para tratar de romper el vínculo entre el comercio ilegal de diamantes y los abusos en contra de los habitantes del Congo¹.

Hacer que las empresas rindan cuentas por su papel en la perpetuación de conflictos o la violación de los derechos humanos puede llevar a cambios en sus prácticas, sanciones o desinversiones, lo que a su vez puede disminuir su capacidad de contribuir a la violencia.

El caso mexicano de una empresa que se beneficia por conflictos

Un claro ejemplo, es lo que ocurre con la firma mexicana Cemex, S.A.B. de C.V. una de las empresas proveedoras de cemento y concreto premezclado más grandes del mundo. Su filial israelí, Readymix Industries Ltd, ha proporcionado hormigón para la construcción de múltiples proyectos en la Cisjordania ocupada, incluido el muro de separación ilegal de Israel y puestos de control militares, así como proyectos de infraestructura en asentamientos ilegales israelíes, según lo reportado por la organización Who Profits².

Los reportes de esta organización sin fines de lucro, denuncian que la empresa Cemex ha enfrentado durante mucho tiempo críticas de inversores y grupos activistas por sus instalaciones de fabricación en el territorio palestino ocupado.

En 2021, Cemex vendió sus dos últimas plantas que operan en el territorio palestino ocupado. Las plantas, ubicadas en las zonas industriales de asentamientos ilegales de Atarot y Mishor Adumim en la ocupada Cisjordania, fueron adquiridas por la empresa privada israelí Future Concrete Ltd.

Tras la venta, Cemex sostiene que ya no tiene instalaciones de producción en la ocupada Cisjordania. Sin embargo, según el director general de la empresa³, la venta sólo incluyó la propiedad y las instalaciones, mientras que las operaciones aún están a cargo de la filial de Cemex, Readymix. Anteriormente, la empresa poseía otras dos plantas en territorios ocupados: en Mevo Horon y Katzrin, dos asentamientos israelíes ilegales en la ocupada Cisjordania y los Altos del Golán.

En 2015, Cemex abandonó de manera similar sus actividades mineras en la Cisjordania ocupada, cuando se deshizo de su participación del 50% en la cantera de Yatir. Esa venta siguió a la decisión de varios inversionistas institucionales noruegos y suecos de excluir a Cemex de sus carteras debido a estas actividades. La empresa llevó a cabo una evaluación de riesgos para los derechos humanos y anunció una nueva política de no suministrar materiales de construcción a los «asentamientos ilegales» de Israel.

No es la única ocasión en que a la empresa mexicana se ve señalada en casos de malas prácticas. En 2018, Edgar Ramírez, el exvicepresidente de Cemex en Colombia, se presentó ante las autoridades de Estados Unidos con el propósito de colaborar con la justicia de ese país en un caso de corrupción que involucraría a la multinacional cementera. Según los reportes, en la información entregada por Ramírez, se encuentran detalles de una presunta oficina de Cemex, llamada “Seguridad y Riesgo”, de donde habrían salido los sobornos y a través de la cual, además, se habrían interceptado correos y comunicaciones⁴.

Por casos como estos resulta de suma relevancia impulsar la agenda de regulación de empresas y derechos humanos desde la comunidad internacional y los Estados, con el objetivo de garantizar que las firmas, principalmente las que se ubican en territorios en conflicto, sean reconocidas como actores que podrían cometer abusos, tal y como Hopenhaym y Wesam comentan.

PODER solicitó entrevista con la firma en México para aclarar las transacciones realizadas con la filial Readymix Industries, sin embargo, hasta el momento del cierre de esta edición, el departamento de comunicación social no respondió a dicha solicitud y tampoco existe alguna postura pública de la empresa en sus canales oficiales⁵.