La Región del Sacrificio

Las empresas filiales LafargeHolcim, Cementos Apasco, Ecoltec y Geocycle sostienen además de negocios redondos, un sistema de terror en gran parte de las comunidades rurales e indígenas mexicanas, ellas, al no poder ejecutar, financiar u operar una ofensiva en tribunales, aprenden a vivir literalmente entre veneno.

Ricardo Balderas/Apaxco, Edomex

Dos frentes civiles, uno indígena y otro de campesinos, libran una batalla que lleva ya más de 12 años en contra de una empresa transnacional que pretende despojar a las comunidades de su territorio y de su Derecho a la Salud. En medio de la disputa, las autoridades (entrantes y salientes) han recibido más de 10 mil denuncias, un amparo a nivel federal, una carta dirigida el presidente, y nada han hecho.

Al norte de la Ciudad de México existe un corredor, autorizado por el propio gobierno federal, de toxinas peligrosas para los seres humanos. Ahí se instauró como muralla un corredor industrial en los alrededores de las comunidades de Tula, Tepeji, Atotonilco y Apaxco. Todas estas localidades fueron calificadas por diferentes expertos como Región (o zona) de Sacrificio. Se trata de un punto geográfico condenado al permanentemente daño medioambiental.

La comunidad de Apaxco de Ocampo es hasta el momento la más afectada, aquí es donde desde la llegada de empresa LafargeHolcim, se le condenó al envenenamiento con la implementación de cuatro complejos de la misma empresa que ahora rodean la ciudad desde el norte.

Los pobladores relatan desconocer cuando llegaron: “Cerramos los ojos y aparece otra (empresa)”, dicen mientras intentan coexistir entre el extractivismo y la contaminación. Las comunidades rurales e indígenas son quienes pagan el costo del supuesto desarrollo del asfalto.

Apaxco es un pueblo de no más de 30 mil habitantes ubicado a unas dos horas de la CDMX. Está enclavado en el llamado Valle del Mezquital y demográficamente es sitio de diferentes comunidades indígenas, principalmente Nahuas y Hñähñus relata el líder indígena, César Cruz Benítez.

La comunidad explica que han intentado de todo para que la cementera deje de contaminar su entorno, que debía de ser catalogado como territorio originario, sin embargo la Comisión Nacional Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se declaró incompetente para reconocer a la comunidad como un pueblo originario en 2010. El problema, es que el territorio indígena comprende gran parte del corredor industrial y reconocer ese espacio como territorio de pueblos originarios, desplazaría a las industrias.

Ante la negativa, el líder indígena promovió un juicio de amparo ante el juzgado segundo de distrito con sede en Pachuca, pero sus intenciones jamás han sido las de cerrar las cementeras, Cruz Benítez explica para este medio de comunicación, que sus únicas intenciones son las de promover un ambiente limpio para su comunidad y el pleno reconocimiento de sus derechos.

El contexto de Apaxco rural se cimentó en 1996, cuando apareció la primer planta que únicamente se dedicaba a la industria del cemento, narra para Grupo Sol, José Alberto Rodríguez, representante de la organización civil Pro-Salud Apaxco. Pocos años después de la primera planta, la empresa crecerían de tal modo, que su influencia en la zona prácticamente les blindaría, incluso, de presentar informes de impacto ambiental. El resultado: 11 campesinos sin vida.

La lucha para la comunidad rural ha sido más directa, incluso, el representante de Pro-salud Apaxco, comenta que han tenido que enfrentarse con algunos policías federales cuando organizan sus manifestaciones: “Son los judiciales”, dice riendo.

La comunidad ha comenzado a organizarse, desde el comienzo de los ataques, haciendo frente a la campaña de desinformación que denuncian, fue “emprendida por Cementos Apasco”. Su estrategia es ahora seguir informando, con reuniones, buscando el dialogo con las autoridades.

OPERAN SIN ESTUDIOS DEL AIRE

Diez años completos sin presentar estudios de impacto ambiental. Pese a que la empresa sostiene un negocio altamente criticado por incineramiento de residuos tóxicos en la región, las autoridades le permitieron realizar dicha actividad sin presentar un estudio que revele la condición del aire para los pobladores, según reveló la solicitud de información número: DGGCARETC/0371/2011. De la que Grupo Sol posee una copia.

El caso ha sido abordado por diferentes organizaciones nacionales e internacionales, tal es el caso del frente GAIA, que en 2017 publicó un comunicado en donde exigía a las autoridades mexicanas a reaccionar ante las múltiples violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Apaxco.

“En 2011 el gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con CEMEX para que una parte de la basura producida en esta gran urbe fuera incinerada en plantas de la transnacional ubicadas en los estados de Hidalgo y Puebla. Yendo más lejos, este 2017 fue firmado un convenio entre el gobierno de Morelos y Cementos Cruz Azul (CYNCA de Oriente), con el objetivo que la basura de dicho estado sea incinerada en los hornos de la cementera.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó un permiso a la planta de cemento de Holcim ubicada en Apaxco, Estado de México para recibir y procesar cada año más de 127 mil toneladas de residuos peligrosos para posteriormente ser incinerados en los hornos. Estas prácticas afectan de manera dramática la salud de la población y del medio ambiente, tal como ha ocurrido por décadas en nuestra comunidad de Montcada, Por estas razones el Tercer Encuentro comenzó con una toma simbólica en la planta de Holcim en Apaxco” (sic), explica el comunicado de GAIA.

Es decir, que pese a que la empresa no contaba con estudios de contaminación del aire, la SEMARNAT autorizó la implementación de incineradoras en la comunidad. Por un lado, el polvo que respiraban del cemento, pasó a preocupación de segundo grado frente a las 127 toneladas de desperdicios que les arrojaron.

A 10 AÑOS DE LA CATÁSTROFE

La región tiene una historia larga de cuadros de intoxicación aguda que, según explican los doctores Jorge Arturo León y Josefina Hernández, “provoca la empresa Ecoltec” (sic). Y que venían siendo soportados por la población hasta que el 21 de marzo del 2009 fallecen once campesinos en un lamentable accidente provocado por la contaminación del Río Salado que recibe descargas de la fábrica.

El 5 de mayo del 2009 se presenta un lamentable desastre ambiental por fuga de acrilato propiedad de Ecoltec (Ahora Geocycle), que provoca cuadros de intoxicación en la población de varias comunidades. El olor a pegamento industrial impregnó las calles.

Sin ser resuelto en conflicto anterior. Para marzo de 2017 la comunidad se enfrentaba a otra amenaza. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) le habría otorgado a Holcim, a través de su compañía hermana Geocycle México S.A de C.V, un permiso para incinerar residuos tóxicos.

Tras manifestar su molestia, los pobladores se aliaron con el Frente de Comunidades en Contra de la Incineración para idear una estrategia en contra de Holcim, nadie los escuchó y los desperdicios siguen llegando.