Nos han robado la tierra

Reportaje • Ricardo Balderas • 23 de agosto, 2024

La inmarcesible lucha del ejido de San Isidro, perteneciente al municipio de San Gabriel en el estado mexicano de Jalisco, retoñó un mes enero del 2022. Las autoridades les explicaban a 91 campesinos que, luego de casi 90 años, por fin la justicia les asistía. El Estado procedería con la entrega de las 280 hectáreas que una transnacional les arrebató, las cuales tienen esta condición de saqueo desde el periodo de la Revolución.

Tengo frente a mí a Raúl de la Cruz, quien ha sido uno de los defensores de su comunidad por al menos los últimos tres años. Un hombre implacable. Con el tiempo y la experiencia fue perdiendo el temor a denunciar las injusticias en público. “Yo les diría a quienes tomarán pronto la decisión que nos dejen tranquilos”, dijo de la Cruz, actual comisariado ejidal en San Isidro. “Ya somos tres generaciones quienes vimos fallecer a nuestros abuelos sin que el Estado nos haya dado justicia. Eso es inaceptable”, dice mientras acomoda su sombrero.

De la Cruz habla de un conflicto de tierras que surge desde las faldas de la Sierra Madre Occidental en Jalisco. Aquí, la Revolución Mexicana continúa en deuda con la vida campesina, y las tierras que prometieron a las comunidades esclavizadas jamás llegaron a las manos de quienes la trabajan. Exige contundentemente —junto a los otros 90 integrantes del mismo ejido— que les sean devueltas completas las 280 hectáreas restantes que el expresidente Lázaro Cárdenas les entregó bajo decreto hace casi un siglo.

“No hemos visto ni la tierra ni la paz” desde entonces, dicen. Debido a que una empresa adquirió esas tierras sabiendo que se encontraban en conflicto por repartición, el Estado cómplice, según lo señalan los campesinos, ha impedido el acceso a lo que por decreto y ley les pertenece. El Gobierno federal, poco antes de terminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo refrendó a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), pero por motivos desconocidos el proceso no concluyó.

“Una nueva orden fue girada el 27 de abril de 2022, donde expusieron la orden de ejecución que se tenía que cumplir desde 1939”, explica De la Cruz en la oficina de su abogada, a dos rancherías de San Isidro. “Nosotros somos ya la tercera generación de esta defensa. Pero en el proceso, primeramente lo empañaron los funcionarios de SEDATU, los hago responsables porque desde que se emitió la orden tardaron mucho en girarla a donde se tiene que firmar en Guadalajara”.

Los poderosos intereses que se creen dueños de la tierra son de Amway/Nutrilite S.R.L. de C.V., empresa de suplementos médicos y productos para la piel propiedad de la familia DeVos. Betsy DeVos es la persona más conocida de su familia en la actualidad: era la persona más rica del gabinete de Donald Trump cuando era Presidente de los Estados Unidos. Según la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), DeVos habría recibido (al menos) 225 millones de dólares mientras era Secretaria de Educación, de los cuales, al menos $75 milliones de ellos provenían de la firma AMWAY y en ingresos externos por su participación en la firma Alticor, matriz de Amway. Devos tiene señalamientos en EE.UU. además por usar un esquema piramidal con el que evita pagar a sus trabajadores.

Los empresarios de Nutrilite (como se hacía llamar Amway en el momento de la compraventa) se hicieron en 1994 de 280 hectáreas del ejido de San Isidro que se encontraban en proceso de repartición derivada de la reforma agraria. El proceso entonces era tan común y sabido por todas las personas que adquirían tierras de esas magnitudes: lo hacían con cláusulas donde explícitamente reconocían que ellos (las personas compradoras del predio en disputa jurídica) deberían hacerse responsables en caso de que sufrieran algún tipo de afectación.

En el caso de San Isidro, los ejidatarios tuvieron que realizar el trámite del reparto agrario “bajo las sombras”, expone la abogada Evangelina Robles, la encargada de acompañar al ejido. El motivo era sencillo: al tratarse de una comunidad con origen indígena y campesino, las amenazas por desaparición y violencia eran frecuentes.

“En el caso de San Isidro, ellos hicieron el trámite en silencio porque vivían como acasillados de las haciendas, es decir eran peones semi-esclavizados que vivían ahí”, dijo Robles. “Ahí siempre han vivido, eran indígenas, aunque ellos no se reconocen así, pero si tú investigas todos eran indígenas en la región y vivían ahí sus tatarabuelos, ahí crecieron, todos ellos hablan ya español porque en la Hacienda así los obligaron, les quitaron su identidad”.

Actualmente existen múltiples registros, contemporáneos y de archivo, sobre la situación de semi-esclavitud en la región descritos por la abogada. Por ejemplo, las investigaciones sobre el origen de las poblaciones afrojalicienses de la región revelan que para el año 1600 ya se tenía conocimiento de que en Jalisco habitaban 500 personas esclavizadas de origen africano. Más de cuatrocientos años más tarde, en 2013, después de un operativo realizado por la entonces Fiscalía Central de Jalisco, se reveló que al sur de la entidad —justo donde se encuentra la comunidad de San Isidro— se logró liberar a 270 jornaleros agrícolas en situación de esclavitud.

Sobre el origen indígena de la población en San Gabriel, los sitios de estadística e informes del Gobierno de Jalisco lo reconocen ampliamente. Según información de las autoridades tanto estatales como municipales, se trata de un municipio con una mezcla de “toltecas, otomíes y nahoas”, que hablaban tanto la lengua otomí y el náhuatl.

Fue en San Isidro que el escritor Juan Rulfo se inspiró para escribir sus obras Pedro Páramo y el Llano en llamas, libros que cuentan historias de esclavitud, despojo y destrucción del medio ambiente. Aquí las autoridades reconocen que se trata de una localidad rica en recursos naturales, principalmente, uno de los pocos acuíferos del país sin reportes de sobreexplotación. No se trata sólo de un caso donde una empresa se ve favorecida por el Estado. Aquí la muerte de los pueblos tiene nombre de transnacional.

Cronología del despojo

En 1917, con el fin de terminar con la explotación en el campo, se presentó una reforma agraria que permitía a campesinos organizados solicitar a las autoridades la entrega de tierras que hasta ese momento se encontraban en manos de unas cuantas personas dedicadas principalmente a explotar a las personas del campo. Con dicho trámite, los terratenientes en todo el país dejaron de poder poseer más de 100 hectáreas. El resto les fue entregado a los ejidatarios que así lo solicitaran.

Las autoridades instauraron tres rutas para lograr este proceso. La primera fue la conformación de bienes comunales por registro poblacional de quienes habitaron las haciendas. La segunda se encontraba en el reconocimiento de que habitaban las zonas por ajustar y su registro como ejidos. Y la última de las opciones fue la dotación de tierras ejidales que podían solicitar grupos de 20 campesinos o campesinas.

Fue en 1939, una vez cumplidas las tres rutas que la nueva ley marcó, que por resolución presidencial firmada por el expresidente Lazaro Cárdenas del Río, se le otorgaron a los ejidatarios de San Isidro 536 hectáreas para su autogestión. Y que ahora se encuentran en disputa.

Tras desacatar la resolución. En el año de 1994 la empresa estadounidense Amway/Nutrilite S.R.L. de C.V., amparada en las reglas del Tratado de Libre Comercio, decidió comprar a los expropietarios del casco de la hacienda el terreno, que para ese momento ya contemplaba un rezago. Incluso, comenta la abogada Evangelina Robles, lo hicieron a sabiendas que se encontraba en condiciones irregulares de propiedad. La empresa adquirió las tierras en conflicto, comprometiéndose a hacerse responsable de cualquier conflicto que pudiera ocurrir y jamás cumplió lo que firmó. Por lo tanto, la apelación de Amway en tribunales, según comentan los ejidatarios y la abogada, no debería tener efecto en dicho contrato.

Ojalá intentó contactar vía teléfono y correo eléctronico con el área de comunicación de Amway para preguntar sobre los motivos que la impulsan a seguir en juicio a pesar de haber acordado con su comprador original que asumirían las consecuencias de haber adquirido las tierras en rezago. Hasta el momento no hemos recibido respuesta.

80 hectáreas de esperanza

Los integrantes del ejido lograron regularizar sus escrituras para formalizar la propiedad de sus casas. De ese modo, a inicios del 2022, las autoridades de SEDATU aseguran que tienen competencia para entregar las tierras. En ese mismo mes, un representante de la SEDATU dijo frente a la comunidad “que tienen competencia para ejecutar sentencia”. Pasaron todo un año en trámites, concentrados en que por fin les harían entrega, a pesar de la crisis sanitaria por COVID.

El 27 de julio del 2022, gracias a los avances que tuvieron en los juicios y la voluntad de muy pocos políticos, comenzó la entrega del ejido a los campesinos. Consistió en la delimitación de las mojoneras colindantes y el deslinde de la propiedad apócrifa. Sin embargo, sin dar más explicación a los ahora propietarios, la toma de posesión por los propietarios originales no se llevó acabo.

El motivo o pretexto, según explica la abogada Robles, fue que la ley agraria contempla que si un predio posee semillas en sus tierras, los poseedores (aun los apócrifos) tienen hasta seis meses para finalizar la cosecha y entregar las tierras. En ese lapso de tiempo, los abogados de la transnacional tramitaron otro juicio de amparo con el que lograron suspender provisionalmente el reparto de las tierras que tienen ocupadas, alargando una vez más la entrega del resto de tierras.

Hoy el ambiente entre la comunidad se divide entre quienes no están dispuestos a retroceder y quienes simplemente ya no pueden continuar en la lucha. Durante las últimas visitas, padecieron de la invasión de un grupo armado, de origen desconocido. “Un día llegan vestidos de civiles y otros días tienen uniforme de la policía”, explican desconcertados.

“Es necesario que en Jalisco las tierras les sean devueltas”, coinciden Alejo Enciso Estrada, secretario del comisariado ejidal; el comisariado De la Cruz, y también el señor Isidro de la Cruz, ejidatario. Todos ellos crecieron entre anécdotas de sus abuelos disputando el lugar que iba ver crecer a sus familias y los hijos de sus hijos, sobre cómo el General Lázaro Cárdenas les dio la razón y les repartió las tierras.

Las poderosas palabras de Rulfo, hoy adaptadas a la lucha de San Isidro, nos siguen dando pistas para pensar y para soñar: Vine a San Gabriel porque me dijeron que un grupo campesino había ganado un litigio. Un tal ejido San Isidro. Muchos ejidatarios y ejidatarias me lo dijeron y yo les prometí que vendría. Les apreté sus manos en señal de que lo haría. Ellos estaban por recuperar sus tierras y yo en un plan de prometerlo todo.

Este trabajo presentado en múltiples formatos y lenguajes es una colaboración entre El Aullido, Ojalá, Técnicas Rudas y la Colectiva ADA. Tiene cómo objetivo hacer un modesto aporte a la lucha del Ejido de San Isidro. Municipio de San Gabriel Jalisco y de todas las luchas en defensa de la tierra y el agua.