Gobierno lanza buzón para filtraciones pero no protege a alertador
La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que lanzará su propia plataforma de leaking (filtraciones) con el objetivo de mejorar los protocolos de investigación gubernamental usando la misma tecnología de anonimato que la alianza Méxicoleaks.
Ricardo Balderas/Madrid
MADRID.- Por primera vez desde la aparición de Méxicoleaks (hace cuatro años), el Estado pretende replicar los buzones de alta seguridad.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que lanzará su propia plataforma de leaking (filtraciones) con el objetivo de mejorar los protocolos de investigación gubernamental usando la misma tecnología de anonimato que la alianza Méxicoleaks.
El titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, Jesús Robles Maloof, anunció que ese Sistema de Alertadores, será uno de los primeros esfuerzos de la dependencia por mejorar las investigaciones actuales. Posteriormente trabajarán para promulgar una ley.
No obstante, las propuestas para desarrollar esa ley comenzaron en febrero y no con los anunciado por la SFP. La primera fue presentada por el senador de Jalisco, Clemente Castañeda del partido Movimiento Ciudadano (MC) en diciembre de 2018 y subida a pleno en febrero del año en curso; sin embargo, la propuesta del emeceísta no contempla la opinión o asesoría técnica y legal de ninguna organización dedicada al tema, por lo que tiene fuertes deficiencias.
Veinte días después de la iniciativa de Castañeda, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, anunció que la fracción de Morena en el Senado también se encuentra desarrollando una propuesta propia.
El problema con la iniciativa del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador es que comienza desde la misma Función Pública con su buzón, sin que exista una regulación legal óptima.
La “Plataforma Tecnológica de Alertadores” (nombre oficial del buzón de la SFP), nace a partir de la legislación actual, que no reconoce la figura del alertador en el sistema legal y solo hay un antecedente en una sentencia judicial del 2016, con corte específicamente penal.
Para que esta sea plenamente funcional es necesario crear una Ley Nacional de Alertadores que permita, no solo proteger a los alertadores que recurren a organismos públicos, sino una estructura legal que también potencie el whistleblowing (el acto de denunciar o alertar) en el sector privado como sucede en Estados Unidos y, que México proteja a cualquier alertador, se encuentre donde se encuentre.
La plataforma ciudadana de denuncias anónimas Méxicoleaks, ha logrado revelar grandes casos de corrupción en el país, tales como: El momento exacto en el que el excandidato a la presidencia de la República José Antonio Meade avaló un desastroso contrato de Pemex con Odebrecht, pese a las recomendaciones técnicas de que no lo hiciera; el operativo “Ecatepec 13” con el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretendía asegurar votos a favor de su militante Alfredo Del Mazo o la millonaria liquidación de Ochoa Reza de la Comisión Federal de Electricidad.
Y cumpliendo con su objetivo, en ninguno de los casos se comprometió a los filtradores, como frecuentemente ocurre con las denuncias en gobierno.
Reportaje original de PODER.
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