octubre 16, 2024

Todo el mundo ha escuchado de grupos criminales como el CJNG, El Cártel de Sinaloa, El cártel del Golfo o los hermanos Beltrán Leyva. Pero en pocas ocasiones las autoridades revelan cuántos grupos delictivos realmente se encuentran en operaciones o cuántas cuentas bancarias son suspendidas al año por autoridades fiscales

Ricardo Balderas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sorprendió la mañana del 2 de junio del 2020 con un comunicado donde, a través de la Secretaría de Hacienda, aseguraba el inicio de una nueva estrategia de combate al narcotráfico en el país. Particularmente, las autoridades buscaban información que ayudara a detectar transacciones del denominado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahora, gracias a documentos obtenida vía Acceso a la Información podemos saber que ese operativo fue tan sólo la punta de un problema que, en muchos casos, supera a la realidad.

El principal señalamiento durante la inauguración de dicho protocolo (Operativo Agave Azul) fue el de la falta de experiencia del Gobierno Mexicano en temas de atención al lavado de activos y/o financiación criminal. Ya que anteriormente, en administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) o del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es decir todos los anteriores, jamás habían entregado resultados sobre estos protocolos. Y el nuevo Gobierno no fue la excepción a la regla.

Lo que se anunció por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el primer gran golpe a las finanzas del también llamado Cártel de las cuatro letras, sus miembros, testaferros, empresas y beneficiarios, fueron diluyendo ante las restricciones del marco legal en el país.

En total, el gobierno anunció que, con este operativo, se lograría el bloqueo de mil 939 cuentas bancarias, pertenecientes a mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos. Al poco tiempo, los abogados de los presuntos delincuentes fueron dilapidando la estrategia federal y recuperando los millones incautados.

Jueces de distrito ordenaron a la UIF a desbloquear las cuentas debido a diversas irregularidades en los procesos. Principalmente, porque la ley en México que rige el control de activos (Ley de Instituciones de Crédito) establece que la única ruta para tomar esta acción legal es en casos donde una autoridad extranjera lo solicite y las pocas cuentas que lograron congelar fue debido a que al final México tuvo que solicitar ayuda a la Administración de Control de Activos (DEA por sus siglas en inglés) que realizara dichas solicitudes a su nombre.

Como parte del finiquito de dicha operación, sin presentar físicamente a las personas implicadas o alguna explicación de cómo se utilizaría el recurso incautado, las autoridades reconocieron la actividad conjunta y reportaron como resultado un total de 2,571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, así como un total de 38,459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos; transferencias internacionales que generaron 8,424 reportes, por un monto de 7 mil 216 millones de pesos. En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 2,102 reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares americanos; así como 6,507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.

Desde ese momento, no se supo más de otros operativos. Sólo se mencionó que, de la suma total, al final solo se congelaron 867.7 millones de pesos, 5.8 millones de dólares y casi 4 mil euros, de acuerdo con información obtenida vía transparencia

EL BOTÍN DE LOS CÁRTELES

Gracias a una solicitud de acceso a la información en manos de Corporativo Grupo Sol, ahora podemos saber cuál fue la continuidad de ese proyecto, sus alcances y hasta la cantidad de cárteles de la droga que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoce operan en territorio mexicano.

Según la información proporcionada por Secretaría de Hacienda, las actividades continuaron. En total, de 2018 a 2024 se congelaron 27 mil 639 cuentas bancarias relacionadas con grupos criminales, de las cuales, 117 corresponden al año 2018; 3 mil 222 al 2019; 18 mil 079 al 2020 (año en que ocurrió el operativo Agave Azul); 2 mil 625 al 2021; 436 en 2022; y finalmente 3 mil 136 cuentas congeladas en 2023. Para el año 2024 las autoridades no reportaron haber congelado cuentas para ninguno de los 31 grupos criminales.

En definitiva, el Cártel más afectado por la política obradorista es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con un total de 12 mil 774 cuentas bancarias congeladas. En segundo lugar, aparece el Cártel de la Familia Michoacana con 4 mil 348 cuentas congeladas por autoridades de la Secretaría de Hacienda. En tercer lugar, las autoridades congelaron un total de 4 mil 028 cuentas bancarias correspondientes o relacionadas con el Cártel de Sinaloa (CS). Es decir, una tercera parte de las cuentas que congelaron a su principal rival el CJNG.

Tan sólo estos tres grupos delictivos, concentran más del 60 por ciento de todas las cuentas congeladas en el país durante el periodo anteriormente mencionado. El resto, es decir, poco más de 7 mil cuentas, corresponde a los 28 grupos criminales que se encuentran categorizados en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de inteligencia Financiera.

En cuarto lugar, se encuentra el Cártel de La Unión Tepito con casi dos mil cuentas congeladas; también aparece en la lista el cártel de Los Guerreros con 220 cuentas congeladas; El cártel de Los Rodolfos con 203 cuentas; Fuerza Antiunión Tepito con 399 cuentas congeladas; Cártel de los Viagra con 197. Cabe mencionar que actualmente existen muy pocos documentos que revelen tanto la cantidad de cárteles de la droga operando en el país, como la cantidad de cuentas congeladas. Asimismo, reiterar que las operaciones fueron realizadas principalmente en el estado de Jalisco, seguidas por la CDMX, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima. Debido a tal motivo, la concentración de cuentas se encuentra en el CJNG.

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